Alfredo Luenzo

Senador de la Nación por Chubut

“Tenemos la responsabilidad histórica de que nunca más una mujer muera por un aborto clandestino” dijo la ministra Elizabeth Gómez Alcorta

“Tenemos una responsabilidad histórica de asegurar que en nuestro país nunca más una mujer muera por un aborto clandestino”, aseguró este lunes la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, al participar del inicio del debate en el Senado.

Gómez Alcorta expuso sobre el proyecto del Poder Ejecutivo acompañada por el ministro de Salud, Ginés González García, y la secretaria legal y técnica, Vilma Ibarra, quienes también se habían presentado en la Cámara de Diputados.

“No tenemos dudas que el proyecto se encuadra en las previsiones de la Constitución Nacional y los pactos internacionales de Derechos Humanos, y es acorde a toda la jurisprudencia internacional”, garantizó.

La funcionaria enfatizó: “Estamos convencidos de que el proyecto viene a dar una respuesta concreta a un problema de salud concreto. Lo que no podemos seguir haciendo es mirar para otro lado”.

Gómez Alcorta sostuvo que “existen sobradas evidencias de que la legalización disminuye la mortalidad materna y también disminuyen los abortos”, y añadió: “Existe un círculo virtuoso una vez que están legalizados los abortos en términos de mayor acceso a la información y a la anticoncepción”.

Además, explicó que “la legalización no implica una saturación para el sistema de salud, sino un ahorro en términos de costos para el Estado”.

Por otra parte, explicó que “en materia punitiva es un proyecto mixto, legalizando la práctica” hasta la semana 14 “y penalizándola después con ciertas excepciones basadas en el sistema de causales” establecidas desde 1.921 en el Código Penal: violación o riesgo para la vida o la salud de la mujer.

La funcionaria agregó que se mantiene la penalización para quien causa el aborto, de tres a diez años de prisión si el/la profesional obra sin el consentimiento, y elevando esa pena a 15 años cuando el hecho es seguido de muerte.

Si el médico obra con consentimiento -después de la semana 14 y sin existencia de las causales-, la pena será de tres meses a un año, puntualizó Gómez Alcorta.

Por otra parte, el proyecto “prohíbe obstruir, dilatar o negar injustificadamente la posibilidad de acceder a la práctica en los casos legalmente autorizados”, con pena de prisión de tres meses a un año si se verifican esas conductas.

Por último, para la mujer que lleva adelante su propio aborto o da el consentimiento para que otro lo haga, “se baja la escala punitiva”, que será de tres meses a un año de prisión, y además se mantiene que la tentativa de la mujer “no es punible”.

En cuanto a la objeción de conciencia, la ministra indicó que “se reconoce este derecho personal y constitucional a no llevar adelante la práctica cuando las convicciones entran en juego, siempre y cuando no esté en juego la vida o la salud de la persona gestante”.

Además, señaló que habrá un plazo de diez días desde el requerimiento de la interrupción del embarazo hasta su realización.

Fuente: www.elparlamentario.com