Alfredo Luenzo

Senador de la Nación por Chubut

LEGISLADORES NACIONALES CONTINÚAN TRABAJANDO EN LA PROTECCIÓN DE HUMEDALES

Once especialistas participaron de una reunión informativa sobre Humedales realizada en el marco del debate por la ley de Humedales considerando los proyectos de ley presentados en ambas Cámaras del Congreso.

Durante un plenario de las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, presidida por la senadora por Buenos Aires Gladys González (PRO), y de Agricultura, Ganadería y Pesca, presidida por el senador por San Luis Adolfo Rodríguez Saá (FdT), once expertos en la materia expusieron sobre Humedales y el proyecto de ley de Presupuestos Mínimos para su conservación y uso sostenible.

La primera oradora fue la Coordinadora del Área Humedales del Taller Ecologista de Rosario, Laura Prol, quien instó que la normativa “contenga una visión ecocéntrica y consagre los principios de prevención precautorio y de no regresión, los principios in dubio pro natura, in dubio pro aqua, y de interculturalidad”. “Una ley con enfoque de derechos”, agregó, “operativa que incluya a la diversidad de humedales del país con una moratoria que pueda ser efectivamente implementada y que prohíba actividades contaminantes y destructivas en los humedales y con partidas presupuestarias a la altura del desafío”. “Una ley que permita avanzar con el desarrollo de un inventario nacional de humedales y que establezca que a partir de su sanción y promulgación las provincias incorporen los humedales a su ordenamiento territorial”.

Seguido, el diputado por Corrientes y ex ministro de Producción de dicha provincia, Jorge Vara (Juntos por el cambio) destacó la importancia de la definición de humedales, además de resaltar la importancia de la realización tanto de un inventario como de un ordenamiento territorial. Asimismo, informó que “de 60 millones de hectáreas un buen porcentaje que caigan en el semáforo rojo y amarillo van a quedar en el caso rojo intangible, en el caso amarillo con serias restricciones para poder producir”. “Consideramos que hay que regular un poco los criterios”, prosiguió.

Por su parte, el ex Director Nacional de Gestión del Agua y Ecosistemas acuáticos Javier García Espil recordó que “estamos hablando de ambientes que sostienen producciones como arroceras, otras agropecuarias, pesca continental y también en algunos casos son importantes sostenes de economías regionales” y que “están sometidos a una enorme presión y ahí hay muchas actividades y cuestiones a tener en consideración, pero sobre todo hay cambios en los usos del suelo. Calificó de “clave” la definición “porque es lo que determina el alcance de la ley” y, en relación a los instrumentos de ordenamiento y evaluación de actividades, dijo que “es importante contar con criterios específicos para los humedales y que habiliten proceso de participación ciudadana”. En cuanto a la importancia del financiamiento sostuvo que “es importante que haya recursos para estas actividades y que los fondos lleguen al destinatario final”.

A continuación, el Coordinador de Políticas del Programa Corredor Azul de la Fundación Humedales, Marco Vermaasen consideró que “tiene que ser una ley que promueva la conservación, en un sentido amplio, de humedales ” y que “hay que promover y planificar el desarrollo sostenible asumiendo que la naturaleza tiene ciertos límites”. “Proponemos que se utilice en los textos de ley la definición adoptada a nivel nacional por las instituciones a través del ministerio de Ambiente de la Nación que permite diferenciar a los humedales de otros ambientes que no lo son”, añadió y “un esquema de gobernanza amplio y equilibrado entre la Nación, las provincias y las comunidades”. “Pensamos que es indispensable que exista un consejo participativo como un ámbito consultivo”, prosiguió, así como también destacó la importancia “crear un programa nacional de humedales”, de la realización de estudios de impacto ambiental, y de “seguir adelante con el inventario nacional de humedales”, luego de lo cual realizó recomendaciones en relación al ordenamiento ambiental del territorio.

En tanto, el Coordinador de Recursos Naturales del INTA, José Volante apuntó que “los 12 proyectos de ley están enfocados en aproximaciones de ecosistema” y que “ese abordaje es distinto porque se contrapone con el abordaje que INTA viene desarrollando, de tipo territorial, es un abordaje de socio ecosistema que introduce a los actores sociales en el espacio geográfico y en el territorio” y que en el INTA tienen un proyecto “específicamente de humedales: ya vamos con 8 meses de ejecución”. “Deberíamos ir a una normativa de ordenamiento integral del territorio donde el enfoque sistémico, donde el socio ecosistema se aborde para el desarrollo sustentable teniendo en cuenta aspectos de la calidad ambiental, de la biodiversidad de los servicios ecosistémicos, pero también de la salud, de la producción, de la equidad social”, consideró a continuación.

A su turno, el miembro de la Comisión Asesora de Innovación Institucional dependiente de la Dirección Nacional del INTA, Gerardo Mujica hizo hincapié en los “sistemas productivos de humedales, economías regionales y agroindustria de humedales”. “El proyecto de presupuesto mínimo que se está discutiendo va a abordar más de 30 millones de hectáreas del territorio nacional dependiendo mucho de la definición que se adopte”, advirtió y que “van a quedar involucradas por la ley 7 cadenas agroalimentarias e industriales nacionales y más de una docena de economías regionales, decenas de sistemas productivos agropecuarios basados en la productividad primaria de los humedales y el manejo de agua de riego y de drenaje, de almacenaje y de protección contra inundaciones”. También recordó que “muchas de estas actividades agropecuarias son sujeto de programas y leyes provinciales y nacionales de fomento agropecuario”. Finalmente considero que “el proyecto debería contemplar actividades productivas tradicionales e innovadoras y promover el uso de buenas prácticas”. “Proponemos incluir planes de asistencia técnica y financiera para los pequeños productores y también que el Fondo de Humedales incluya como destinatario el desarrollo de nuevas tecnologías agropecuarios para el uso sustentable de humedales”. Por último recomienda “incluir compensaciones y pagos por servicios ambientales para los propietarios de los predios alcanzados por las áreas de preservación”.

El presidente de la Cooperativa Agrícola de Villa Paranacito, José Jacobsen alertó que “el proyecto de ley de humedales, de llevar al rumbo que lleva, nos dejaría marginados ya que no se tienen en cuenta nuestras actividades productivas, o de hacerlo, sería con tantas limitaciones y burocracia que nos desalentaría a todos principalmente a los pequeños productores que seríamos los más afectados”.  “La superficie que abarca la ley es tan inmensa que creo que es inaplicable”, consideró y resaltó que “desde mi punto de vista los recursos deberían ser volcados a otros sectores y al apoyo a la producción”.

El docente e investigador de la Universidad Nacional del Litoral Luis Traba se refirió a la “gobernanza del territorio” y consideró que “no se destaca lo suficientemente lo local”. “Un escenario donde se impone la gobernanza como filosofía y como metodología no solo en términos de principios democráticos sino efectividad de la política”, aclaró “no controlar, sino hacer, conjugando las múltiples jurisdicciones y todos los niveles del Estado, especialmente el local”. “Debe quedar claro en el cuerpo de la ley que debe haber un plan de manejo para cada caso, que se debe formular y gestionar en concreto con los actores locales en conjunción con los estados a nivel nacional o provincial”.

La coordinadora de las comisiones de Legislación y de Aguas Subterráneas del COHIFE y presidenta del organismo en el período 2018/2019, Betina Laurenzano recordó los principios rectores de política hídrica y respecto de la “fragmentación por un lado ambiente y por las otras autoridades hídricas” señaló que “debe haber una transversalidad entre agua y ambiente”. “Hay que hacer un uso sustentable de humedales: tiene que estar planificado permitiendo un uso racional con buenas prácticas, provisión y producción de servicios ecosistémicos, culturales, socioeconómicos y considerando su variabilidad espacial”, agregó. Asimismo, resaltó que “el ordenamiento territorial” debe realizarse “a posteriori de hacer el inventario” y que “no es necesaria la aplicación de una moratoria porque existe legislación hoy en cada una de las provincias que permitiría garantizar la sustentabilidad de la situación o retrotraerlo o existe ya legislación al respecto”. Por último, apuntó que “se prevé un fondo específico, pero no puede ser de los actuales fondos que hoy ya están siendo coparticipados con las provincias, sino estamos desfinanciando otras cuestiones”.

Para finalizar, dos representantes de la ONG Taller Flotante, Soledad Ferrería y María Paila Ruiz Díaz resumieron que “prácticas que no han tenido en cuenta a las poblaciones han sido las que han llevado al desplazamiento de las poblaciones hacia los bordes de las ciudades en los barrios costeros, tanto los de Victoria como aquellas islas que estaban más cercanas a la ciudad de Rosario” y que “la no presencia del población local costero e Islero habilita al que no es local, al  pool ganadero, a empezar a trabajar con otras reglas”. “Una ley de humedales operativa desde se definición, objetivos y aplicación, que prohíba actividades contaminantes y destructivas en los humedales y con partidas presupuestarias a la altura del desafío”, concluyeron, “que permita avanzar con el desarrollo de un inventario nacional de humedales y que establezca que las provincias deben de inmediato incorporar los humedales al ordenamiento territorial conforme criterios a través de procesos de participación pública y popular efectiva”.

Fuente y Foto: Comunicación Institucional del Senado de la Nación