Alfredo Luenzo

Senador de la Nación por Chubut

La defensora general de la Nación pidió vacunar contra el Covid-19 “a los presos de mayor edad”

Stella Maris Martínez participó de una reunión de la Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público, donde brindó un detallado informe de gestión sobre la actuación en 2020.

La defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, brindó este lunes un detallado informe de gestión ante la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público, y en ese marco pidió vacunar contra el Covid-19 “a los presos de mayor edad o que tienen alguna comorbilidad”.

“Afortunadamente, gracias a la gestión de Martín Soria, se han conseguido dosis para vacunar a los penitenciarios que están en contacto con los presos. El paso siguiente y lo que estamos pidiendo es que se pueda vacunar a los presos de mayor edad o que tienen alguna comorbilidad”, afirmó Martínez al responder una pregunta de la diputada Mara Brawer (Frente de Todos) sobre el ejercicio de la defensa en pandemia.

La funcionaria explicó que “el problema no es que el defensor se contagie, sino que el defensor contagie a las personas privadas de su libertad y eso, que hasta ahora no ha ocurrido, puede convertirse, si pasa, en un problema gravísimo”.

En tanto, recordó que cuando comenzó la pandemia insistió ante la interventora del Servicio Penitenciario Federal, Laura Garrigós de Rébori, en que se les permitiera a los defendidos utilizar celular -limitando las llamadas a una determinada nómina de personas-, pero la respuesta fue negativa por el riesgo de los secuestros virtuales.

De todos modos, aclaró que a pesar de las restricciones sanitarias “no hay problemas de comunicación” entre detenidos y defensores, ya que entre otras cosas “se habilitó el correo electrónico”.

Por otra parte, ante una consulta de la senadora radical Silvia Elías de Pérez sobre los delitos que aumentaron en la pandemia, expresó: “Nuestra percepción es que durante la primera parte de la pandemia disminuyeron mucho os delitos en general. Lo que sí aumentó claramente son los casos de violencia intrafamiliar: violencia de género, pero también violencia de los padres sobre los hijos, y de los hijos y jóvenes sobre ancianos”.

Informe de gestión 2020

Al inicio de su exposición, Martínez precisó que la ejecución presupuestaria al 31 de diciembre del año 2020 “alcanzó el 100%, es decir, se gastó todo el presupuesto contemplado”, que era de 10.082.774.801 pesos.

“Además de las dificultades relacionadas con la pandemia, al no contar con una ley de presupuesto 2020 sino con una prórroga, significó una pérdida equivalente al 50% de los recursos operativos del Ministerio Público de la Defensa”, informó, y agregó que desde agosto lograron un incremento de 58 millones de pesos que sirvió para iniciar el proceso de renovación tecnológica.

La defensora indicó que se invirtieron 3.000.000 de pesos en gastos relacionados a la prevención del Covid-19, y detalló cuáles fueron los bienes y servicios adquiridos y los inmuebles con los que cuenta la Defensoría, que desde 2005 -cuando comenzó su gestión- totalizan 33. Por otra parte, hizo énfasis en la falta de servidores necesarios para almacenar las audiencias para la aplicación del nuevo Código Procesal Penal. 

En cuanto al presupuesto para este año, puntualizó que fueron asignados 13.756.136.844 pesos. “Si bien no satisface todas las necesidades reales del organismo, subsanó el déficit generado en 2020”, ponderó.

Martínez informó que en 2020 se produjeron siete renuncias y ceses y 18 juramentos de nuevos magistrados. La planta de la Defensoría al 6 de abril, dijo, es de 2.784 agentes, incluyendo contratos, interinatos y funcionarios y empleados de licencia sin goce de haberes, sumados a 12 personas con contratos de locación de servicios.

Del total de empleados, añadió, 1.856 son abogados -es decir, más de la mitad-, y las mujeres constituyen el 58%, aunque solo ocupan el 37% de los cargos de magistrados. “De cada 10 ternas que se elevan, en ocho hay mujeres; sin embargo, solo se designa un 30% de mujeres”, lamentó.

Por otra parte, apuntó que, del total de Defensorías habilitadas, hay 43 sin magistrado titular. “Esta situación es crítica en provincias como Santiago del Estero, donde no hay ningún magistrado: las tres dependencias están a cargo de funcionarios”, advirtió.

Martínez también informó que entre 2020 y lo que va 2021 el Poder Ejecutivo remitió 20 pliegos al Senado y todos obtuvieron acuerdo. Si bien destacó que la mitad fueron mujeres, sostuvo que “si queremos revertir la situación que existe en algunas jurisdicciones del interior donde no hay paridad, no basta con mantener la paridad en las remisiones”, sino que se debe aumentar la proporción.

En otro pasaje de su exposición, precisó que en el fuero civil la Defensoría intervino en 285.922 casos, y en el fuero penal, 297.937 casos, lo que hace a un total de 583.859 casos en 2020.

Luego recordó su participación en el debate sobre la reforma judicial en el Senado, ocasión en la que sostuvo que “el escaso número de defensorías oficiales que se prevé crear generará un obstáculo para el adecuado funcionamiento del sistema acusatorio”. Para el tratamiento de la reforma del Ministerio Público, aclaró, no fue convocada.

La defensora también repasó la implementación del sistema acusatorio en Salta y Jujuy y resaltó que se pusieron en funcionamiento cinco Defensorías de Víctimas.

Al término de la reunión de comisión, se leyeron notas presentadas por legisladores y las respuestas recibidas. 

Fuente: www.elparlamentario.com