Alfredo Luenzo

Senador de la Nación por Chubut

La Comisión de Seguridad y Narcotráfico analizó los cambios y la situación de la lucha contra el narcotráfico

SEIS ESPECIALISTAS EXPUSIERON SOBRE LA LEY DE TENENCIA Y TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES

AL CUMPLIRSE 30 AÑOS DE LA SANCIÓN DE LA LEY DE DROGAS, JUECES Y FISCALES ESPECIALIZADOS EN LA TEMÁTICA, REALIZARON UNA MIRADA CRÍTICA DE LA NORMA. 

La Comisión de Seguridad y Narcotráfico, presidida por el senador por Catamarca, Dalmacio Mera (Frente de Todos) analizó, mediante videoconferencia, los cambios y la situación de la lucha contra el narcotráfico, a partir de cumplirse 30 años de la sanción de la Ley 23.737 -de Tenencia y Tráfico de Estupefacientes-.

El senador por Catamarca explicó que “se invitó a todos los jueces y fiscales federales para que hagan llegar sus opiniones, experiencias y consideraciones, al correo electrónico de la comisión para que estas sean compartidas con los senadores que la integran” y de esta manera incorporar miradas al debate. 

En primer término, expuso el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad de la Procuración General de la Nación (PROCUNAR), doctor Diego Iglesias. Expuso sobre el caso de tenencia de drogas para uso personal contemplado en el denominado fallo Arriola, producido en el 2009 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Destacó que “desde ese fallo hasta la actualidad, el 40 por ciento de las causas existentes en el fuero federal se vinculan con causas de consumo personal”.

Iglesias reivindicó la “cooperación y coordinación de los ministerios públicos que intervienen en el tema”. El titular de la PROCUNAR subrayó que “la investigación del narco criminalidad es particular, es diferente, es dinámica y se realiza en tiempo real” y que “el crimen organizado presenta un poder económico y corruptor muy grande en todos los niveles del Estado”. 

A continuación, expuso el fiscal coordinador del distrito Salta y a cargo de la PROCUNAR-NOA, Eduardo Villalba. Comenzó destacando que “la realidad de las provincias de frontera es muy distinta”. Coincidió con el anterior orador en la importancia de los “esfuerzos conjuntos” y sostuvo que “la lucha contra el delito hoy está caracterizada por arrestos individuales. Esta visión debe quedar superada, ya que los delincuentes se coordinan y están organizados. Se necesita focalizar esfuerzos”. 

Destacó el sistema acusatorio y dijo que a partir de ello y de la PROCUNAR, “en Salta y Jujuy ha cambiado la lucha contra la droga, tenemos delincuentes encarcelados y detenido hasta un juez federal que era parte del problema”. 

El fiscal Villalba subrayó que “la ley colocó mínimos muy altos. Impuso la misma pena para quien organiza un tráfico sofisticado que para quien trabaja de mula y que esto provocó que se pueblen las cárceles de las denominadas mulas, los sectores más vulnerables de ese delito. Me preguntó si quedarnos con el paquetito de las mulas es luchar seriamente contra el narcotráfico. No hablo de despenalizar las figuras de las mulas”. Villalba señaló que “el narcotráfico se aggiorna”. En ese punto puso de ejemplo un caso sucedido en la provincia de Salta en el que se expulsó a una “mula con un hijo con cáncer y a partir de ello se sucedieron posteriormente muchos casos de mujeres mulas con chicos enfermos”. Sostuvo que “hay una muy baja reincidencia en los casos de los denominados camellos o mulas”. 

Villalba resaltó que “la ley posibilita el coqueo, ya que en Salta y Jujuy todos coqueamos y sabemos que su efecto es inocuo, menos que el de una taza de café”. Dijo que “existe una esquizofrenia legislativa ya que la ley prohíbe la importación de la hoja de coca y que está acreditado que toda la hoja de coca que se consume en Salta proviene de Bolivia, ya que el cultivo sólo es fértil allí”. 

Posteriormente hizo uso de la palabra la doctora Liliana Navarro presidenta de la Cámara Federal de Apelaciones de la Provincia de Córdoba.

Señaló que “la tenencia con fines de consumo sigue penalizada en nuestra ley y esa es una deuda pendiente con la sociedad”. Destacó que “cuando se discutió la ley (en 1989) predominó una fuerte concepción moral por sobre la concepción legal y que en los temas de drogas estamos muy influenciados por figuras que importamos y que no tienen que ver con nuestra concepción jurídica”. 

Dijo que “tenemos leyes que obligan a las obras sociales a cubrir las adicciones y por otro lado tenemos una ley que sanciona penalmente al enfermo y al adicto”.  La jueza se pronunció en contra de la ley de desfederalización y afirmó que “cuando se dijo que las fuerzas federales investigarían el narcotráfico y las provincias iban a eliminar los kioscos y las ventas al menudeo, luego sucedió que no podíamos cerrarlos porque eso impedía una investigación en curso de mayor envergadura”. 

El doctor Flavio Ferrini, fiscal federal de la Provincia de Corrientes, sostuvo que “es falsa la premisa de que a partir de investigar al consumidor vamos a llegar a la cabeza de la organización”. Dijo que “despenalizar la tenencia para el consumo nos obliga a pensar que modelo a seguir”. En ese punto destacó que “hay dos modelos a seguir: el que determina dosis y cantidades para determinar el consumo personal o el modelo discrecional que le permite al juez determinar si se trata de un caso de consumo personal o no”. Se pronunció a favor de evitar dejar en manos del magistrado la decisión. 

Puso el acento en los casos de cultivo de Cannabis para uso medicinal y afirmó que “quienes cultivan para paliar situaciones de salud siguen estando a merced del derecho penal”. 

El Juez Federl de General Roca, Río Negro, Hugo Greca, destacó la importancia de incorporar a la ley “a quienes compran drogas con fines de comercio”. También resaltó que en su lucha contra el narcotráfico “el Estado argentino se dedica más a poner el acento en tráfico que en el producido del delito, los bienes y ganancias que se generan a partir de ello” y resaltó que “la ley en su artículo 30 y 39 habla del decomiso”.

El último expositor fue el doctor Mariano Juliano, director Ejecutivo de la Asociación de Pensamiento Penal. Consideró que “el balance de la aplicación de la ley de drogas después de 30 años de su sanción es totalmente negativo”. Consideró que en su momento la ley respondió más a “sintonizar con las denominadas relaciones carnales con los Estados Unidos, que se alentaba en ese momento, que a las necesidades locales”. 

Juliano se pronunció en contra “de la ley de desfederalización de los casos de drogas” y se manifestó a favor “de derogar las penalidades contra los usuarios y adictos”. Destacó que “a fines de 2019, en la provincia de Buenos Aires, el 14 por ciento de los presos estaban detenidos por narcomenudeo y que de la población carcelaria un 5 o 6 % eran mujeres. En el caso de las mujeres el 50% por ciento estaban presas por narcomenudeo”. Sostuvo que esos datos ponían de manifiesto que “la comercialización de la droga estaba vinculada con la economía de la supervivencia”. Destacó que “no propongo no hacer nada con esto sino estudiar la posibilidad de condenas de cumplimiento condicional que posibilite la reinserción de estas personas”.

La comisión decidió que el próximo lunes continuará analizando puntos concretos de la Ley de Drogas invitando a especialistas y desmenuzando las diferentes figuras penales contempladas en la normativa.

Fuente Comunicación Institucional del Senado de la Nación.