Alfredo Luenzo

Senador de la Nación por Chubut

En el Senado, especialistas se expresaron a favor de limitar el mandato del procurador

Tres abogados participaron de una reunión de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, donde el oficialismo volvió a poner en debate los proyectos de dos opositores, Martín Lousteau y Lucila Crexell, para reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público.

Tres especialistas se expresaron este lunes a favor de limitar en el tiempo el mandato del procurador general -cuyo cargo es vitalicio-, al participar de una reunión virtual de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, presidida por Oscar Parrilli (Frente de Todos).

El oficialismo volvió a poner en debate los proyectos de dos representantes de la oposición, Martín Lousteau (UCR-Evolución) y Lucila Crexell (Movimiento Neuquino), para reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal y, entre otras modificaciones, fijar un plazo para el mandato del jefe de los fiscales.

Si bien tanto Lousteau como Crexell solicitaron retirar sus iniciativas, en la última sesión de la Cámara alta el oficialismo impuso su mayoría y votó en contra del retiro, tras lo cual insistió este lunes en el tratamiento de los proyectos, esta vez en una reunión informativa con la presencia de expertos.

El primer disertante fue Alberto Binder, presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y docente de la UBA, sostuvo que “ya hay consensos muy grandes” respecto de limitar en el tiempo el mandato del procurador.

“Todos los países de América Latina que han pasado a sistemas acusatorios en los últimos veinte años abandonaron toda idea del carácter vitalicio del procurador, que es incompatible con la naturaleza institucional del Ministerio Público, que no es un órgano estrictamente judicial”, consideró.

Binder recordó que Santa Fe, Salta, Córdoba y Ciudad de Buenos Aires “ya tienen procuradores con plazos determinados” y esto se basa en “la necesidad de renovar planes de persecución penal”, porque de lo contrario se entra en un “desgaste”.

“En aquellos casos donde no existe plazo, termina consolidándose una transferencia muy nociva hacia los entornos técnico-burocráticos que rodean a esos procuradores, generando graves distorsiones en todo el sistema político por las diferencias que hay en los enfoques político-criminales respecto del plan de gobierno”, opinó.

El especialista insistió en que “ponerle un plazo al procurador sería dar un salto de calidad enorme” y en ese marco explicó que existen dos modelos: plazos de cinco o seis años, o plazos más largos como los que se aplican en Chile (ocho años) o Uruguay (diez años).

Binder puntualizó que los plazos cortos buscan “acercar” al procurador con la gestión de turno, que es la que lo elige, y consideró que el modelo más “estable” es el de seis años: “Parece un plazo bastante razonable porque le permite (al procurador) estabilizar una política de persecución penal”.

Sin embargo, advirtió que “para que este modelo funcione bien, tiene que estar claro que al terminar el gobierno se va el procurador” y “vuelve al llano”.

El experto aclaró, de todos modos, que el problema es que el procurador trasciende al gobierno que lo eligió, lo cual puede generar experiencias “traumáticas” como la de Alejandra Gils Carbó, “objetada y bombardeada” desde la gestión de Mauricio Macri.

Para Binder, si se aplica el límite de seis años “es mejor conservar los dos tercios” como mayoría requerida en el Senado, y en cambio si son cuatro años “se puede relajar la mayoría”.

“Es bueno que el primer procurador del sistema acusatorio tenga un muy fuerte respaldo del Senado”, consideró, y añadió que “además de poner en marcha el sistema acusatorio, el próximo procurador tiene que encarar una deuda enorme e importante que tiene que ver con la relación entre la Justicia Federal y las justicias provinciales”.

Ante una consulta de Parrilli respecto de la edad del procurador, el especialista respondió que “no es bueno tener procuradores muy jóvenes”.

Por su parte, Maximiliano Rusconi, exfiscal general de la Procuración General de la Nación, también remarcó la importancia del procurador en la implementación del sistema acusatorio. “Necesitamos imaginar un Ministerio Público ágil, protagónico, vinculado con la realidad. No se puede construir una política criminal sin estar vinculado con la realidad”, enfatizó el abogado.

Además, sugirió poner “menos adrenalina en remover al procurador y más adrenalina en controlar a ese procurador” en la Comisión Bicameral del Ministerio Público, y reforzó: “No hay que tenerle miedo a un Ministerio Público cercano al Poder Ejecutivo, que sea permeable a la realidad y que esté controlado”.

Sobre la cuestión del mandato, dijo que “no le parece mal” establecer un límite, y también se mostró de acuerdo en permitir una reelección, mientras que con respecto a la remoción pidió pensar en “un sistema parecido al del juicio político, en el seno del Senado”.

El último en exponer fue el ministro de la Suprema Corte de Justicia de Santa Fe Daniel Erbetta, quien pidió poner el foco en la implementación “lo más rápida posible” del sistema acusatorio en lugar de hacer énfasis en la remoción o el límite del mandato del jefe de los fiscales.

“¿Quién va a pretender que una persona que maneja una estructura con tanto poder, como es el diseño del Ministerio Público Fiscal en un esquema acusatorio, pueda tener un cargo vitalicio? Es insostenible”, subrayó Erbetta.

El juez agregó que “si tenemos el límite de la periodicidad, el problema de las mayorías se relativiza”, y afirmó que “no hay nada peor que tener un procurador interino. Hay que tener un procurador legitimado, y aparte no podemos convertir una excepción en la regla”.

Erbetta coincidió con Rusconi en que “más que la mayoría, el problema es el control, y una forma de controlar es robustecer institucionalmente al Ministerio Público Fiscal, pero limitar las facultades de poder que pueda tener una sola persona” a través de la figura de “un procurador adjunto”.

En ese contexto, opinó que “cuatro años es un plazo muy corto” para el mandato, y coincidió con Binder en que “seis años es un plazo por demás adecuado”. 

Fuente www.elparlamentario.com