Alfredo Luenzo

Senador de la Nación por Chubut

El senador Luenzo se mostró conforme por la entrada en vigencia del Acuerdo Escazú

El senador nacional por Chubut Alfredo Héctor Luenzo manifestó en las últimas horas su conformidad por la entrada en vigencia del Acuerdo Escazú.
En sus redes sociales destacó que “Argentina y México ratificamos ante la ONU el Acuerdo Escazú para América Latina y el Caribe y de esta forma entrará formalmente en vigencia a partir del 22 de abril, Día Internacional de la Tierra. Es un avance muy importante en la protección del medio ambiente”.
Luego el legislador por Comodoro Rivadavia comentó que “Escazú es el primer tratado de derecho ambiental de América Latina y el Caribe. Argentina lo suscribió en 2018 y en las sesiones remotas fue aprobado por el Congreso. Nuestro país ratifica su compromiso con un modelo de desarrollo sostenible que preserve nuestro patrimonio natural”.
El congresista por la Cámara Alta remarcó que “Escazú es un nuevo paradigma para la Región al reconocer el rol fundamental de la sociedad civil en la protección de los derechos medioambientales. Promueve su activa participación, acceso a la información y el acceso a la justicia cuando fueron vulnerados estos derechos”.
Luenzo insistió que “Escazú tendrá vigencia en todo el territorio nacional a partir del 22 de abril. Por ello, es una gran oportunidad para Chubut. Escuchemos a la comunidad y avancemos en iniciativas con diálogo. Necesitamos un modelo productivo para la provincia que recupere el empleo con sostenibilidad”.
Cabe destacar del Acuerdo Escazú que es un Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú, es un tratado internacional suscripto por 24 países de América Latina y el Caribe que define protocolos para la protección del ambiente y la participación ciudadana.
El acuerdo se origina como resultado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), realizada en 2012, y la Decisión de Santiago adoptada en 2014. Estas naciones iniciaron un proceso de negociación que derivó en el Acuerdo Regional, adoptado el 4 de marzo de 2018 en la ciudad costarricense de Escazú.

Para su entrada en vigencia, se necesita que al menos 11 de los Estados firmantes lo ratifiquen. El 24 de septiembre de 2020, Argentina se convirtió en el décimo país en ratificar su vinculación a este acuerdo regional.

El 5 de noviembre hizo lo propio el senado mexicano. Ambos países presentaron el 22 de enero de 2021 el depósito de instrumento de ratificación del Acuerdo ante el Secretario General de las Naciones Unidas facilitando así su entrada en vigor formal el 22 de abril de 2021, en coincidencia con el Día Internacional de la Madre Tierra.

Los objetivos
En su artículo 1, el Acuerdo de Escazú define sus objetivos centrales:

“…garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible”

Artículo 1

Para lograr sus objetivos, el Acuerdo establece el compromiso de los Estados de la región a avanzar progresivamente en la implementación de derechos de acceso, facilitando en particular el acceso de personas o grupos en situación de vulnerabilidad (Art. 5).​ Los Estados firmantes, a su vez, deberán recopilar y poner a disposición del público la información ambiental relevante para sus funciones, de forma sistemática, proactiva y accesible, actualizándola de forma periódica y desagregada a nivel subnacional y local (Art. 6).

El artículo 7, por su parte, establece el derecho de la ciudadanía a participar en la toma de decisiones ambientales, especialmente cuando existan acciones que puedan tener un impacto significativo sobre el ambiente. Además, el artículo 8 establece que los Estados que forman parte del acuerdo establecerán en su legislación nacional los mecanismos que aseguren el acceso a la justicia en temas ambientales. Estos incluyen, entre otros, la creación de organismos estatales competentes y la definición de procedimientos efectivos, públicos, transparentes e imparciales.