Alfredo Luenzo

Senador de la Nación por Chubut

El senado aprobó la invalidez de un DNU de Macri que compensaba a las distribuidoras de gas

En el último tramo de la sesión del jueves pasado en el Senado, el Frente de Todos aprobó la invalidez de un Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por el ex-presidente Mauricio Macri, mediante el cual se compensaba a las distribuidoras de gas por las variaciones en el tipo de cambio.

El oficialismo, con apoyo de los aliados Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) y Magdalena Solari Quintana (Misiones), avanzó con el dictamen de la Bicameral de Trámite Legislativo. Para quedar derogado, el decreto debe ser rechazado también en la Cámara de Diputados.

Los senadores de Juntos por el Cambio y el interbloque Parlamentario Federal se opusieron, resultando la votación con 41 votos positivos y 25 negativos.

En el debate, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Caserio, sostuvo que “resulta difícil, realmente imposible de aceptar y considerar que existe necesidad y urgencia en una medida que fue retroactiva”. “Tenían tiempo suficiente para emitir la ley correspondiente”, agregó.

Tras señalar que se trata de un monto de 24.500 millones de pesos, el cordobés recordó que “entrábamos a un año electoral y quisieron esconder que lo íbamos a pagar todos los argentinos”.                                                                En ese mismo sentido, el neuquino Oscar Parrilli dijo que “no había necesidad, no había urgencia, porque se empezaba a pagar el año siguiente” y criticó la “maldad” y “perversidad” de que “lo hicieron en 30 cuotas”.

“Cuando asumió el gobierno de Mauricio Macri quisieron instalar que nos encontrábamos bajo una crisis energética, pero la verdad es que la crisis energética la construyeron durante su gobierno con los tarifazos y el desastre que generó el DNU 1053″, fustigó la santafesina María de los Ángeles Sacnun.

También desde el oficialismo, Anabel Fernández Sagasti subrayó que “el verdadero caballo de Troya” del DNU era “la estatización de una deuda entre privados, entre las generadoras de gas y las distribuidoras de gas”. La mendocina opinó que el hecho de realizar el pago en cuotas fue con el objetivo de “seguir robándole a los argentinos; pero nosotros venimos a hacer otra cosa, a poner las cosas en su lugar”.

El rionegrino Alberto Weretilneck, de Juntos Somos Río Negro, argumentó su acompañamiento a la invalidez del decreto remarcando que esa medida “tomó casi tres presupuestos, lo que lo hace aún más improcedente”. “No hay ninguna duda de que este DNU tiene que ser invalidado”, expresó.

El DNU 1053/18 se trató de una modificación presupuestaria, pero en su artículo 7 estableció que el Estado Nacional asumiera “con carácter excepcional, el pago de las diferencias diarias acumuladas mensualmente entre el valor del gas comprado por las prestadoras del servicio de distribución de gas natural por redes y el valor del gas natural incluido en los cuadros tarifarios vigentes entre el 1 de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2019, generadas exclusivamente por variaciones del tipo de cambio y correspondientes a volúmenes de gas natural entregados en ese mismo período”.

También indicó que el Enargas iba a determinar para cada prestadora y, considerando los proveedores adheridos al régimen, el monto neto correspondiente a las diferencias diarias acumuladas. La norma -vigente- señaló que “el monto neto resultante se transferirá a cada prestadora en 30 cuotas mensuales y consecutivas a partir del 1 de octubre de 2019”.

El resto de los decretos

En la sesión, fueron avalados por unanimidad los DNU 493/20, 520/20 y 576/20, sobre la extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio; y el DNU 569/20, que extendió hasta el 31 de julio el régimen de regularización de deudas tributarias.

En tanto, el resto de las órdenes se aprobaron también con 41 votos positivos y 25 negativos de Juntos por el Cambio y el interbloque Parlamentario Federal.

Se trata del DNU 214/20, de modificación del artículo 14 de la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional, prohibiendo la participación de los organismos de Inteligencia como auxiliares de la Justicia; y el decreto delegado 540/20, que prorrogó la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) por 180 días, es decir, hasta mediados de diciembre.

También, los decretos 277/20 y 278/20, que dispusieron la intervención del Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE) y del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) hasta el 31 de diciembre de 2020, respectivamente.