Alfredo Luenzo

Senador de la Nación por Chubut

El Senado aprobó la designación de Roberto Carlés como embajador en Italia y Sancionó la ley que autoriza condiciones de excepción en los contratos para la compra de vacunas contra el Covid-19

El Senado aprobó este jueves, por 65 votos afirmativos y uno negativo -del salteño Juan Carlos Romero-, la designación Roberto Carlés como embajador en Italia.

Se trata del abogado de 39 años, quien realizó su doctorado en Derecho en ese país, había sido propuesto en 2015 por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner para reemplazar en la Corte Suprema a Raúl Zaffaroni, pero finalmente su postulación fue retirada.

En la sesión, el pleno también avaló el nombramiento del exdiputado José Carlos “Conde” Ramos como cónsul en Asunción, Paraguay, país donde actualmente se desempeña como embajador el exgobernador chaqueño Domingo Peppo.

Por otra parte, recibieron aprobación un total de 58 ascensos en Cancillería. Se trata de una nómina que había quedado retrasada en su tratamiento por el recambio de gobierno en diciembre pasado.

La presidenta de la Comisión de Acuerdos, la oficialista Anabel Fernández Sagasti, recordó que tanto Carlés como Ramos asistieron a audiencia pública y respondieron preguntas de los senadores.

Por otro lado, la miembro informante destacó “la integración con un criterio de equidad” de género en las listas de ascensos de diplomáticos, algo que “hemos observado con mucha alegría”.

“A pesar de estar en un contexto inusitado la República Argentina y la humanidad, estamos trabajando desde el Senado de la Nación para garantizar el funcionamiento de los distintos poderes del Estado”, agregó.

Por otro lado, el Senado convirtió en ley este jueves el proyecto que habilita una serie de condiciones excepcionales para los futuros contratos que suscriban el Estado Nacional y la industria farmacéutica para la compra de vacunas contra el Covid-19. La norma, requerida por el Ministerio de Salud, recibió 56 votos a favor y 11 en contra.

A través de la ley, los laboratorios productores se garantizan la protección jurídica con la prórroga de jurisdicción, es decir que en caso de litigio las compañías podrán elegir la sede de su país para el desarrollo del juicio. Además, se contemplan cláusulas de confidencialidad e indemnidad patrimonial.

El dato saliente de la votación fue la división de Juntos por el Cambio: si bien la gran mayoría del interbloque acompañó al oficialismo, diez senadores -firmantes de un dictamen de minoría- votaron en contra. Fueron Belén Tapia, Silvia Elías de Pérez, Víctor Zimmermann, Martín Lousteau, Laura Rodríguez Machado, Pamela Verasay, Esteban Bullrich, Alfredo De Angeli, Eduardo Costa y Oscar Castillo, a quienes se sumó la riojana Clara Vega (Interbloque Federal).

Al abrir el debate, el oficialista José Neder sostuvo que “ante la pandemia, tenemos el enorme desafío de coordinar todos los esfuerzos para afrontar este problema”.

“Este proyecto de interés público en la investigación, desarrollo, fabricación y adquisición de la vacuna destinada a generar inmunidad contra el Covid-19 contiene requisitos excepcionales para el marco legal, herramienta necesaria en relación a la emergencia que estamos atravesando”, explicó el santiagueño.

Tras repasar los detalles de la iniciativa, Neder señaló que “lo que queremos es establecer condiciones para la compra de vacunas contra el Covid-19, brindando las medidas necesarias al Ministerio de Salud con relación a la firma de convenios que nos permitan tener con mayor celeridad el acceso a la vacuna”.

El senador indicó que “hay varias vacunas en fase uno, dos y tres que están avanzando”, y “suponiendo que todas las vacunas que están en fase tres sean efectivas, aun así, se llegaría a producir 6.000 millones de dosis, por lo cual, si se aplican dos dosis por cada uno, esta producción no alcanzaría”.

“Es de destacar el esfuerzo hecho por nuestro país, que ha empezado las tratativas por las vacunas en el mismo momento que los países desarrollados”, resaltó Neder, y valoró “el enorme trabajo desde el propio presidente Alberto Fernández hasta el último agente sanitario del pueblo más pequeño de la Argentina” para combatir el coronavirus.

El presidente de la Comisión de Salud, Mario Fiad, reconoció que “todos somos conscientes de la importancia de las vacunas y del valor que tiene esta herramienta sanitaria para disminuir los enormes índices de mortalidad, para erradicar patologías, para prevenir contagios, y en esta situación de pandemia, es la única solución de control global”.

Sin embargo, Fiad advirtió que “el proyecto no se refiere a una vacuna en particular, porque si bien hay varias vacunas que se encuentran en fases avanzadas, todavía no ha sido aprobada ninguna de ellas”.

El radical señaló que “hay artículos que generan muchísimas dudas e incertidumbre”. “Estamos ante un proyecto que consagra excepciones y suma amplias facultades al Poder Ejecutivo, que ya viene gobernando con procedimientos de excepción”, se quejó.

“Entiendo el objetivo, pero me preocupan las imprecisiones del texto”, insistió, y agregó que “entra en conflicto con normas” ya existentes. Por eso, pidió que en la reglamentación de la ley se establezcan “reglas claras”.

Otra radical, Belén Tapia, denunció que “el proyecto adolece de graves falencias que hacen imposible nuestro acompañamiento tal como está”, y cuestionó que, si bien el proyecto habla de “investigación, desarrollo, fabricación y adquisición” de las vacunas, en su articulado solo se refiere a la adquisición.

La santacruceña observó que “se establece en la práctica un blindaje a los laboratorios” a través de la prórroga de jurisdicción y la cláusula de confidencialidad”. “¿Por qué piden esto las industrias farmacéuticas y por qué estamos tan dispuestos a dárselo?”, se preguntó.

Además, Tapia señaló que “en ninguna parte del proyecto se establece que el Ministerio de Salud rinda cuentas” en caso de adquirir una vacuna en particular entre varias disponibles.

“Estamos hablando de un mercado que todavía no existe y del que, lógicamente, desconocemos sus reglas, y por otro lado estas cláusulas son las resultantes de un mercado internacional en el que, por su propia naturaleza, lo que prima es el lucro y las ganancias, no la salud ni el interés general, y donde sus jugadores son las industrias farmacéuticas multinacionales que ocupan el segundo lugar en el poderío económico después de la venta de armas”, alertó la legisladora.

Desde el Frente de Todos, Ana María Ianni advirtió que, desde la oposición, “con tanta argumentación, buscan tratar de confundir a la gente” y “no quieren reconocer que el Gobierno está haciendo lo que hay que hacer”.

“No hace mucho tiempo atrás degradaron el Ministerio de Salud a Secretaría, devastaron la ciencia y la tecnología, se olvidaron vacunas en los conteiner y hoy se preguntan por qué todas estas medidas de excepcionalidad cuando estamos en una situación de emergencia”, cuestionó.

La senadora sostuvo que las condiciones que se habilitan en los contratos “no son excepcionalidades que no vamos a poder monitorear”, y tienen que ver con “la celeridad que busca el Estado para cuidar a cada argentino y que, cuanto las vacunas estén aprobadas y finalizadas, puedan ser aplicadas a cada uno de nuestros ciudadanos”, afirmó.

También por el oficialismo, Nancy González garantizó que el Gobierno “no va a salir a comprar a troche y moche la primera vacuna que salga”. “Tengan la plena seguridad que cuando esté la vacuna, todo el pueblo va a tener la información de qué se trata, no va a ser una vacuna insegura porque queremos brindarles soluciones”, prometió.

Juan Carlos Romero, jefe del Interbloque Parlamentario Federal, admitió que “le llama la atención” que el oficialismo actual defienda la prórroga de jurisdicción, siendo “un gobierno que tanto se desgarra las vestiduras en el discurso” criticando esa medida cuando fue aplicada en la gestión anterior.

El salteño también sostuvo que “no se justifica que por el apuro haya profesionales que no lleguen a conocer los ‘ingredientes’” de la vacuna por la cláusula de confidencialidad, y, por último, criticó la cláusula de indemnidad patrimonial.

En tanto, apuntó: “Hubo un poco de ruido por la obligatoriedad por la oposición de gente a la que lamentablemente le ha crecido el espíritu antivacunas, una especie de rebeldía peligrosa. No coincido con los antivacunas, me recuerdan a los que piensan que la tierra es plana”.

El rionegrino Alberto Weretilneck destacó que “esta ley significa un acuerdo con los productores de la vacuna para poder llegar, lo más rápidamente posible, a ponérsela a todos aquellos argentinos que la necesiten”, y opinó: “No es lo ideal y lo que pregonamos, pero estamos en una emergencia”.

Al cierre del debate, Luis Naidenoff, jefe del interbloque Juntos por el Cambio explicó que “en materia de salud pública, el rol del Estado es el bienestar general”.

El paso que está dando el Senado es necesario e imprescindible, independientemente de las observaciones, que yo acompaño. En el marco del rol del Estado, si bien es cierto que la salud y la educación son competencias delegadas en las provincias, la Nación tiene la obligación de garantizar los derechos de los ciudadanos”, consideró.

Naidenoff aprovechó para criticar, sin mencionarlo, al gobernador Gildo Insfrán, por las restricciones de ingreso a Formosa: “Algunos gobernadores se tomaron muy a pecho la idea de tomar decisiones en el marco de la pandemia”. “Ese rol lo tiene que recuperar el Estado nacional”, dijo, y propuso que en todo caso “el Congreso discuta un protocolo con nuevos parámetros de libre tránsito”.

La última oradora fue la presidenta de la Comisión de Legislación General, Ana Almirón, quien repasó cifras de la pandemia a nivel mundial, y en cuanto a la vacuna advirtió que “estamos no solo atravesando un tiempo de gran demanda, sino también de fuerte concentración, y la oferta es insuficiente”.

“Para acelerar estos contratos, las industrias establecieron requisitos excepcionales, que no son habituales”, aseguró Almirón, y en ese sentido recordó que la prórroga de jurisdicción se habilitará “como se hace muchas veces con los bonos de deuda”, y “de ninguna manera involucra a los terceros involucrados”.

Respecto de la cláusula de confidencialidad, la correntina aclaró que no necesariamente tiene que ver con los componentes de la vacuna, sino también con los plazos de entrega, el precio y el stock.

La oficialista enfatizó que la ley “de ninguna manera se trata de un cheque en blanco”, ya que los contratos estarán sometidos a controles de la SIGEN, la AGN e incluso del Congreso, a través de las comisiones de Salud. Por último, destacó la decisión del Ejecutivo de impulsar una ley en lugar de emitir un DNU.

Detalles del proyecto

La flamante ley declara de “interés público la investigación, desarrollo, fabricación y adquisición de las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el Covid-19 en el marco de la emergencia sanitaria”.

Una de las condiciones que se habilitan es “la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales arbitrales y judiciales con sede en el extranjero y que dispongan la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana, exclusivamente respecto de los reclamos que se pudieren producir en dicha jurisdicción y con relación a tal adquisición”.

No obstante, “en ningún caso la prórroga de jurisdicción podrá extenderse o comprender a terceros residentes en la República Argentina sean personas humanas o jurídicas”, quienes “se reservan sus derechos de acudir a los tribunales locales o federales del país por cuestiones que se susciten o deriven” de la aplicación de los contratos.

En cuanto a la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana, no implicará renuncia alguna “respecto de la inmunidad de la República Argentina con relación a la ejecución” de un conjunto de bienes, como cualquier reserva del Banco Central o cualquier dominio público, entre otros.

Asimismo, en los contratos se podrán incluir “cláusulas que establezcan condiciones de indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y otras reclamaciones pecuniarias relacionadas con y en favor de quienes participen de la investigación, desarrollo, fabricación, provisión y suministro de las vacunas, con excepción de aquellas originadas en maniobras fraudulentas, conductas maliciosas o negligencia por parte de los sujetos aludidos”.

En tercer lugar, se podrán disponer “cláusulas o acuerdos de confidencialidad acordes al mercado internacional de las vacunas” en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública y Ley de Derechos del Paciente.

Las vacunas contra el Covid-19 deberán ser previamente registradas por la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) y analizadas por la Comisión Nacional de Inmunización (CoNaIn).

También se exime “del pago de derechos de importación y de todo otro impuesto, gravamen, contribución, tasa o arancel aduanero o portuario, de cualquier naturaleza u origen, incluido el Impuesto al Valor Agregado, como así también de la constitución de depósito previo, a las vacunas y descartables importados por el Ministerio de Salud”.

En tanto, los contratos celebrados en el marco de la ley deberán ser remitidos a la Auditoría General de la Nación (AGN) y a las Comisiones de Salud de la Cámara de Diputados y del Senado, “con los recaudos correspondientes a los fines de respetar las cláusulas de confidencialidad” que puedan contener.

Fuente: www.elparlamentario.com