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Contenidos audiovisuales: Luenzo presento “una ley corta” para “recuperar el esquema federal y fortalecer a las industrias culturales locales”

La iniciativa busca impulsar “a los emprendedores, trabajadores, cooperativas y pymes locales” que reflejan la diversidad cultural de nuestros país y que distribuyen la generación de puestos de trabajo en todo el país”. Ratifica la neutralidad de redes y recupera el marco normativo previo al decreto que modificó las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual y Argentina Federal.

El senador nacional por Chubut Alfredo Luenzo presentó un proyecto de ley en la cámara alta que declara de “interés público el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y las Telecomunicaciones” y que, además, restablece el marco regulatorio en materia de contenidos previo al decreto 267/15, que estaba estipulado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (ley 26.522).

Luenzo explicó que su propuesta se basa en “avanzar en una ley corta que permita reunir amplios consensos en las dos cámaras” que tiene como objetivo “unificar la regulación en materia de contenidos audiovisuales y dotarlos de un modelo con fuerte identidad federal, que exprese la diversidad cultural de la Argentina y la pluralidad en cada rincón del país”.

El senador chubutense subrayó que el proyecto quiere dar “respuesta al reclamo de diversos sectores vinculados a la sociedad civil y al mundo audiovisual como cineastas, actores, directores y productores de televisión, compositores, músicos y entidades gremiales que nuclean a los trabajadores, que piden recuperar la legislación que el decreto de 2015 dejó en una laguna y que al mismo tiempo contenga los desafíos que está presentando el avance tecnológico”.

Para Luenzo, es “clave recuperar este marco normativo” ya que fijaba criterios relacionados con “la protección del interés general, la salud pública, la minoridad y niñez, la defensa al consumidor y a la industria y producción nacional” pero a la vez remarcó la importancia de “fijar un criterio más amplio e incluir contenidos que antes no fueron estipulados para que se unifique a toda la actividad audiovisual”.

En ese sentido, el proyecto de Luenzo faculta al Estado para la regulación de contenidos “cualquiera fuera el medio de transmisión utilizado”.

De este modo, los contenidos audiovisuales difundidos por la radio y la TV abierta y por la totalidad de los servicios de radiodifusión por suscripción, ya sea por vínculo físico, radioeléctrico y satelital “quedarían sujetos a lo dispuesto por la ley de medios y se consagraría una coherencia normativa entre todos los prestadores de contenidos audiovisuales”.

Por otro lado, la iniciativa busca impulsar “a los emprendedores, trabajadores, cooperativas y pymes locales que reflejan la diversidad cultural de nuestros país y que distribuyen la generación de puestos de trabajo en todo el país”. Para ello, quiere darle “herramientas al Estado para que salgan fortalecidas las industrias culturales locales a través de políticas concretas que incentiven la competencia y desconcentren la comercialización audiovisual”.

“Esto permitirá que por un lado, que los contenidos no vengan enlatados directamente de las grandes urbes con un visión centralista de la problemática del país, sino que por el contrario representen la coyuntura y problemática de nuestros municipios y pueblos y, por otro, que en esa dinámica que fomenta contenidos locales y las industrias culturales se  empiecen a crear cientos de puestos de trabajo directamente en pueblos y municipios”, afirmó.

Asimismo, dijo que “tiene un fuerte sustento democrático” el marco normativo en materia de contenidos que retoma de la ley Servicios de Comunicación Audiovisual ya que “fue debatida en todo el país”.

Recordó que esta legislación fue el resultado de un intenso intercambio “con todos los sectores empresarios, de los trabajadores y los usuarios”, que se nutrió del “aporte de docentes y estudiantes que llevaron el proyecto a las universidades nacionales de todo el país” pero que a la vez  sumó “propuestas de las entidades intermedias de la sociedad civil” en temas basados en la protección de los derechos del niño, en términos de igualdad de género y de protección de los consumidores, entre otros.

Respecto a las consideraciones técnicas en materia de TIC’s y Telecomunicaciones, la iniciativa de Luenzo busca garantizar “el acceso de la totalidad de los habitantes de la República Argentina a los servicios de la información y las comunicaciones en condiciones sociales y geográficas equitativas, con los más altos parámetros de calidad”.

Para ello, el proyecto estipula que las licencias para brindar servicios de comunicación audiovisual serán por 10 años contados a partir del 1° de enero de 2016, fecha en la que entró en vigencia el decreto 267/15 que modificó el marco jurídico anterior.

Además busca ratifica el criterio de la “neutralidad de las redes” previsto en el esquema de “Argentina Federal” (Ley 27.078) por el cual “los proveedores de servicios de red deben brindar todo contenido que trafica por ellas en las mismas condiciones técnicas y en forma indiscriminada”.

El objetivo de este principio –dijo- es “garantizar igualdad de tratamiento para todo el contenido que transita por las redes de internet y esto implica que no se priorice por razones comerciales o por alguna otra decisión sea personal o corporativa el tráfico de datos, de velocidades ni puntos de acceso”.

“Estamos trabajando activamente desde la Comisión de Medios del Senado que presido para apoyar a la industria audiovisual argentina, para fomentar la creación de puestos de trabajo de un sector que viene muy golpeado por la coyuntura económica, pero también en sentar nuevos lineamientos para la construcción de una identidad nacional frente a la enorme cantidad de material internacional que se distribuye por la pantalla chica y que además producto de los avances tecnológicos las audiencias se están trasladando a contenidos a demanda mediante suscripción y por eso necesitamos e adaptar nuestra legislación para que contengan estos desafíos y les dé respuesta a consumidores y trabajadores. Nos hemos reunido con ellos antes de presentar este proyecto y ahora vamos a convocarlos, escucharlos, y ampliar la propuesta durante el debate parlamentario”, concluyó Luenzo.

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