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Luenzo: la nueva ley de convergencia demanda una mirada federal y de protección a las producciones regionales

El senador nacional Alfredo Luenzo convocó a una nueva reunión de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión que preside, para continuar con el debate de la Ley de Fomento de Despliegue de Infraestructura y Competencia TICs, que el Poder Ejecutivo envió para su tratamiento en marzo pasado.

“El debate de la nueva ley le da la posibilidad a cada sector aportar sus ideas y exponer sus inquietudes. En unos días vamos a tener una síntesis para poder definir la mejor ley posible” y aseguró que “la nueva ley demanda una mirada federal, protección de las producciones nacionales, cuidar la fuentes de trabajo”.

“No se trata solamente de tecnología compartida, se trata de contenido. De soberanía audiovisual”, así comenzó Luenzo la reunión y le dio lugar a la exposición de todos los convocados.

Alejandro Borensztein, en representación de CAPIT, Cámara Argentina de Productoras Independientes de Televisión, expresó que “la Cámara engloba a las principales productoras que hacen contenido de televisión como Pol-Ka, TyC Sports, Universidad Nacional de Tres de Febrero, Ideas del Sur, La Cornisa, entre tantas otras. Nos empujaron a producir afuera de los canales con tecnología que la TV no tenía, pagando y transformándonos en empresas, desde afuera de los canales”.

“Incorporamos gente del cine, de las artes plásticas, cambiando la tele. La mejores producciones son de las productoras independientes”, agregó Borensztein, “generando éxitos de exportación con las enormes ventajas que esto significa”.

En ese sentido recordó que Argentina, en los años 90 fue el 4to exportador mundial de formato televisivo. “La TV se hacía con gente de los canales hasta que llegamos nosotros que, con el enorme crecimiento de las carreras audiovisuales, le hemos dado trabajo a la mayoría de los alumnos que hoy trabajan en las productoras independientes”, agregó.

Las productoras independientes se sostienen en tres pilares, según Borensztein: la defensa de la identidad cultural con producción de contenido que refleja la vida del país; la exportación de contenido que genera enorme entrada de divisas; y la salida laboral para los miles de estudiantes.

La propuesta de CAPIT para sostener a las productoras independientes es “fijar cuota de pantalla como única garantía, como se hace en todo el mundo”, continuó.

La misma reclama una cuota de 40% para los canales de alcance nacional y un 30% para los canales regionales o chicos, donde solo comprende a los programas estreno. “No habrá exportación de programas si no hay volumen de programas y además, franjeados. Además, tal como hace Brasil, es necesario por lo menos 2 horas de producción independiente en las señales internacionales. En las  OTT tienen que estar contempladas las producciones independientes”, apuntó el productor.

En este punto, Luenzo manifestó que “este proyecto de ley del Ejecutivo apunta solo a lo tecnológico, al concepto de redes compartidas que hoy se utiliza en varios países del mundo. Se trabajó dos años en una ley de convergencia amplia, que involucra contenidos y  que nunca llegó al Congreso”, y aseveró, “discutir contenidos es un tema central, tenemos que cuidar las producciones nacionales, es federalismo. Es la discusión que nos debemos que no está incluida en este proyecto”.

A su turno, Martín Armentano, representante de Supercanal, manifestó que “la convergencia tecnológica trae convergencia de mercados, pero creemos que puede darse sin concentración, porque va en contra de los usuarios y a favor de los grandes grupos”.

“Somos 700 cable operadores, 800 señales nacionales, 1000 productoras independientes, algunas muy humildes, 9 millones de abonados y 25 mil puestos de trabajo que tenemos que cuidar. La ley no contempla al cable. Nada dice de las OTT, por ejemplo Netflix, empresas que no tributan en el país y que no generan un solo puesto de trabajo”, agregó. Y aseguró que el plazo que propone la ley de enero de 2019 para que los prestadores puedan brindar el servicio de radiodifusión por suscripción mediante vínculo satelital, es exiguo.

Por parte de ATVC, la Asociación Argentina de TV por Cable, Daniel Celentano expresó que “hoy la TV por Cable es sólida, muchas de estas empresas han desarrollado el acceso a internet y han hecho inversiones en forma permanente. Pero los plazos que establece la nueva ley nos perjudican. Se necesitan de los plazos que el mercado y la política nos puedan otorgar antes del ingreso de nuevos jugadores”. Y dejó claro que la norma va en contra de los cables porque busca compartir infraestructura dándole posibilidad de entrar “al juego al que no invirtió”.

Ante la pregunta del senador Luenzo de que el plazo que establece el proyecto de ley es la clave que puede permitirle a los cables competir en igualdad de condiciones, Celentano respondió que “la ley va en contra de la equidad y a favor de la concentración de mercado”.

El Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID), a través de su representante, criticó el proyecto asegurando que “está en riesgo miles de puestos de trabajo, en aras de una convergencia globalizada sin reglas de protección y sin tener en cuenta los contenidos. La ley sirve para que los grandes agudicen la brecha y la ley debería establecer un plazo no menor a 5 años para no dejar a los chicos fuera de juego”.

Los representantes de ATA, Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas, expresaron que es “fundamental mantener el acervo cultural de la Nación. Esta ley priva a la audiencia del interior del país del derecho a informarse por medio de canales nacionales y, cuando lo hacen a través por ejemplo de Direct TV, nos encontramos con enormes regiones sin conectividad. Esto es muy serio en casos de emergencia”.

“Nos encontramos en un contexto convergente dinámico con un marco jurídico y laboral de otra época. Tenemos que buscar una ley que le dé respuesta a esta situación”, manifestó Eugenio Sosa Mendoza de ATA. “Los canales del interior somos uno de los últimos eslabones de la cadena y estamos preocupados porque esta ley nos invisibiliza. Queremos estar en la góndola. Si estamos en el depósito nadie nos va a ver”.

Por su porte, Ariel Fernández Alvarado, presidente de CATEL, Cámara de Cooperativas de Telecomunicaciones, expresó que “el Estado deber tener un rol activo para alentar un mercado competitivo. Nos preocupa la fusión de Telecom con Cablevisión. El Estado tiene que ser la voz de los que no tienen y esperamos que la reglamentación de la ley respete el espíritu de la competencia y no deje a las cooperativas y a las pymes que dan servicio hace años, afuera del mercado”.

“Los canales regionales, los cables del interior, son los socios necesarios del Estado para que la información llegue a todo el país. Tenemos que protegerlos, apoyar el contenido nacional y  cuidar las fuentes de trabajo”, concluyó Luenzo

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