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Luenzo presentó un Proyecto de Ley creando el Fuero Federal Ambiental y de las Fiscalías Federales Ambientales

El senador nacional Alfredo Luenzo, presentó un Proyecto de Ley que crea el “Fuero Federal Ambiental y de las Fiscalías Federales Ambientales” con competencia en las en todas las causas que versen sobre hechos que comprometen el patrimonio ambiental particular y estatal interjurisdiccional o de la Nación.

Para lo cual, el territorio nacional se dividirá en distintas circunscripciones en las que ejercerán su jurisdicción: Norte, que abarca a las provincias de Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero; Centro, que abarca a las provincias de La Rioja, San Juan, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y Sur, que abarca a las provincias de Mendoza, La Pampa, Neuquén, Rio Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur.

Los asientos de cada uno de los Juzgados y de la Cámara de Apelaciones serán definidos por el Tribunal Superior de Justicia de la Nación.

Luenzo señaló que “el Derecho Ambiental tiene un contenido predominantemente social, es esencialmente preventivo, atendiendo a la naturaleza de los bienes afectados. Gana entonces relevancia, el compromiso de los magistrados con la tutela medioambiental, en una actividad permanente dirigida a evitar que el daño se produzca o bien, neutralizar las consecuencias perjudiciales que su aparición sea susceptible de ocasionar”.

“El derecho ambiental enfrenta el desafío que implica lograr el equilibrio entre la preservación de la naturaleza y la actividad productiva del hombre. Debe propenderse a continuar esa actividad, pero con las restricciones que eviten poner en riesgo la naturaleza misma. Es necesidad generar e implantar una eficiente política ambiental, tanto en el orden interno de los Estados como en el plano internacional, traducida en instrumentos jurídicos operativos, inspirada en una fuerte conciencia de la sociedad, esencialmente educada y previamente informada en la materia ambiental”, analizó Luenzo.

Al tiempo que aseguró “que es fundamental que los poderes públicos destinen recursos suficientes para identificar los problemas que afecten a los ecosistemas locales y diseñar proyectos para garantizar tanto su protección, como su administración sustentable. La protección del ambiente y de los elementos básicos de la biosfera se traduce en calidad de vida y consecuentemente, incide positivamente en la dignidad de las personas”.

“Estoy convencido que la creación de un fuero ambiental debe comprender el carácter preventivo propio del proceso ambiental; la especialización y capacitación de los operadores judiciales; la interdisciplinariedad y asistencia constante de las ciencias externas al Derecho; todo ello en la convicción de que la tutela medioambiental requiere de concretas acciones de los poderes del Estado y un fuerte compromiso judicial con la protección del derecho a un ambiente sano para las generaciones presentes y futuras”, manifestó Luenzo.

“Los tribunales ambientales son cada vez más reconocidos por sus logros y por tener un gran potencial en la promoción de un desarrollo ecológicamente sostenible. Estos tribunales tienen un papel central en el cumplimiento de las leyes que protegen el ambiente, al resolver reclamaciones, interpretar leyes y generar foros para la solución de controversias.

En el mundo se estima que existen 350 tribunales ambientales ubicados en 41 países diferentes, y que más de la mitad fueron creadas a partir del año 2004 en adelante”, concluyó Luenzo.

Nuestra Constitución Nacional establece en el artículo 41 que “todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección; y a las provincias, las necesarias para complementaras, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos”.

La Declaración de Estocolmo de 1972, conferencia internacional convocada por las Naciones Unidas que marcó un punto de inflexión en el desarrollo de la política internacional del medio ambiente, expresó que “El hombre tiene un derecho fundamental a la libertad, a la igualdad y a condiciones de vida satisfactoria, en un ambiente cuya calidad de vida le permita vivir con dignidad y bienestar, y tiene el deber solemne de proteger y mejorar el medio ambiente de las generaciones presentes y futuras”.

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